Ahora se descubre que la Unión Ferroviaria es un nido de delincuencia atroz, ¿Y entonces porqué el poder judicial no se animó a meter su nariz en ese nido? Quizás lo hizo, y le gustó. Tampoco lo hizo el periodismo. O quizás si, y también le gustó. Sin embargo ahora todos le piden intervención al ministro Tomada. ¿Le gustará?
El miércoles 20 de octubre un grupo de trabajadores de empresas tercerizadas que cumplían funciones en el servicio de trenes quiso cortar una vía; pero se encontraron con un grupo de la Unión Ferroviaria, que primero les impidió subir a las vías y después los corrió por las calles. Les dispararon balas. Hay una mujer gravemente herida y un chico de 23 años fue asesinado.
Quizás el crimen sea sólo eso. Así, sin épica, sin tramas conspirativas, sólo un estallido pedorro que sale de un hierro caliente y dispara un cacho de metales que se incrustan en las fibras y termina con la vida de un muchacho. Al otro lado un criminal empuña el fierro. Tiene madre, hijos, hermanos, amigos, amores y miserias. Bebe, come, caga, se hace la paja, consume, le transpiran las bolas. Desde el miércoles, su biografía incluye el asesinato de Mariano Ferreyra.
También es verosímil una trama conspirativa, en la que a un personaje similar no se le va la mano: es enviado a cumplir una función concreta, presuntamente para construir un escenario político de inestabilidad. Y nos encontramos ante una planificación que termina con la vida de un mártir, militante del Partido Obrero. 23 años. Una familia destruida.
En cualquier caso el Estado democrático y el conjunto de los actores políticos debe expresar con hechos más contundentes la voluntad de construir un ecosistema político en el que las teorías conspirativas no se presenten verosímiles, donde los dirigentes sindicales no sean presuntos jefes mafiosos, y sus huestes un amasijo de delincuentes.
El Estado democrático que se propone desarrollar un Proyecto Nacional, la fuerza política que lo conduce y las expresiones políticas que se opongan –al menos- a las formas de explotación mas brutales, no debe admitir una legislación que permita condiciones de contratación tan dispares, y mucho menos en las empresas que tienen responsabilidades y dimensiones enormes.
El empresariado, siempre preocupado por las formas de organización de los trabajadores, y listos para opinar sobre cualquier cuestión sindical, hace décadas que no pronuncia una palabra contra la tan desprolija Unión Ferroviaria y sus dirigentes.
Mucho buscó cierta tilinguería mediática abrochar a Moyano en este crimen. Las operaciones mediáticas fueron de lo más burdas, las pruebas no fueron presentadas ni en el plano argumental del relato periodístico, y mucho menos en el más exigente poder Judicial. Sin embargo cabe una responsabilidad política al mundo sindical, y a sus dirigentes en particular.
Los dirigentes sindicales deben construir organizaciones que garanticen que entre sus prioridades está la de obtener mejores condiciones para los trabajadores, y no desempeñar un rol policial sobre el capital empresarial, por muy caro que sean las vías al afecto de cualquier argentino.
También es responsabilidad de este sector construir los mecanismos para que los conflictos entre asalariados se diriman de mejor forma, y cuando la situación se desmadra deben ser los dirigentes sindicales los actores protagónicos. Y no un pibe de 23 años y un barrabrava. Cabe preguntarse porqué, si el asunto es tan importante, porqué no estaban presentes ni los dirigentes del Partido Obrero ni los de la Unión Ferroviaria. Horas después Altamira balbucea su tristeza por la televisión mientras en otro canal repiten cómo Pedraza, se hunde aún más en los jugos pestíferos en los que convirtió a esa organización sindical. Ni la Policía Federal ni la Bonaerense brindaron algún tipo de explicación o versión de los hechos.
La conducción de la CGT deberá observar con mayor cuidado la integridad de sus miembros, porque la autonomía que le corresponde a cada sindicato es difícil de sostener cuando se llevan puesta la vida de un compañero de 23 años. Responsabilidad similar le cabe al Ministerio de Trabajo, pero también a la Justicia, que como siempre se comporta apenas como actor de reparto.
Ahora se descubre que la Unión Ferroviaria es un nido de delincuencia atroz, ¿Y entonces porqué el poder judicial no se animó a meter su nariz en ese nido? Quizás lo hizo, y le gustó. Tampoco lo hizo el periodismo. O quizás si, y también le gustó. Sin embargo ahora todos le piden intervención al ministro Tomada. ¿Le gustará?
La pregunta que corresponde hacer(se), es qué harán todos los que metían la nariz en ese nido, cuando el poder político-sindical decida sanearlo para que vuelva a ser el refugio de los trabajadores ferroviarios.
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