Cuatro muertos y una incontable cantidad de heridos es el saldo de una serie de padecimientos que viven muchos porteños todos los días, y la incapacidad de todas las unidades estatales para atender situaciones de emergencia social. La dirigencia política intercambia argumentos, algunos sustentados en la racionalidad y el espíritu de la Constitución Nacional, otros en un pensamiento predemocrático y acientífico. Pero del ejercicio de la política, máxime de quienes tienen responsabilidades en los poderes ejecutivos, tiene que emerger algo más que argumentos para la discusión.
El martes un grupo de personas fue desalojado de un predio de viviendas en construcción, y luego del parque Indoamericano. El operativo estuvo ejecutado en forma conjunta y desprolija por la Policía Federal y Metropolitana. Para la perplejidad de este cronista, el accionar de la Policía Federal fue insistentemente elogiado por el jefe de Gobierno Porteño Mauricio Macri; en tanto que el Gobierno Nacional, que tiene bajo su órbita a los Federales, separó de sus cargos a los responsables del operativo. Los dos crímenes que se cometieron el martes no están esclarecidos, las imágenes de la TV muestran a policías "sebados" pero ninguna imagen los muestra disparando balas de plomo; en cambio, el jueves y el viernes se pudieron ver hombres de civil con armas de fuego.
El desalojo del parque Indoamericano fue ordenado por el Poder Judicial. La Policía Federal cumplió ese objetivo con violencia, y luego se retiró para dejar a la Policía Metropolitana el cuidado de su jurisdicción. Pero una vez que se retiró la Federal los terrenos del inmenso parque Indoamericano fueron tomados nuevamente. Sobre esa circunstancia, Macri sólo elogió el desalojo de los federales, pero criticó al Gobierno Nacional por retirar a sus policías; en cambio evitó mencionar las responsabilidades de la Metropolitana, muy atareada bajando gatos de los árboles de zona norte.
El ingrediente que incorporó más violencia y descontrol a la situación es nuevo en la escena mediática, pero no en la problemática social y habitacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sólo por mencionar un caso, en diciembre de 2008 un grupo de porteños que habitaban una fábrica abandonada recibieron la orden de desalojo. La ejecución del desalojo fue negociada, y esos vecinos tuvieron tiempo y organización para armar una cooperativa de construcción, conseguir los terrenos, y construir las casas donde mudarse. Pero el día del desalojo sus nuevos vecinos, del barrio de Mataderos, los recibieron con piedras y palos. Los "ocupas" fueron expulsados por los "vecinos", ante la observación privilegiada de las fuerzas de seguridad. En esa ocasión los "ocupas" cortaron unas horas las vías del tren y la solución no tardó en llegar: con una organización ocupada en resolver los problemas que los reúnen, primó la racionalidad política.
Lo que siguió a la retirada de la Policía Federal, fue el enfrentamiento entre quienes se asentaron en la parque Indoamericano y un grupo indefinido de reaccionarios, vecinos de lugano asustados e integrantes de organizaciones delictivas complejas. En ese contexto, también denuncian que algunos punteros políticos que se identificaron con el PRO, pidieron 700 pesos a cambio de los títulos de propiedad del Indoamericano. Entusiasmados, las hacinadas familias de la villa 20 entregaron ese dinero, sin saber que más tarde harían lo mismo con su propia vida, a cambio de un futuro incierto para sus familias.
Esa mezcla indefinida de vecinos, que aterrorizados se refugian en las ideas más reaccionarias y despotrican contra bolivianos y paraguayos, por hacer lo mismo que ellos hicieron apenas unos años atrás, también contiene ingredientes de la "política real" y la delincuencia organizada. Según consigna Fabián Rodríguez en Conurbanos, algunos de los impulsores de la "manifestación pacífica" (que terminó a los tiros y con la quema de las chozas de los "ocupas") son barrabravas que también se reportan en el SUTECBA, el Sindicato de los empleados municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa organización sindical tiene importantes intereses en esa región de la ciudad, a raíz de una serie de beneficios que le permitió a su Mutual 23 de Mayo construir un complejo de viviendas para sus afiliados. Las conexiones políticas los vinculan mucho más al cada vez más partido que conduce Macri que al Gobierno Nacional. Otro ingrediente que se debe ponderar es la puja por el control de las asociaciones vecinales, actualmente intervenidas.
En la noche del viernes, el Gobierno Nacional convocó a Mauricio Macri a la Casa Rosada, con la intención de generar un espacio de negociación entre el Gobierno de la Ciudad y los representantes de los vecinos. En horas de la madrugada se pasó a un cuarto intermedio hasta la mañana del sábado. En la Rosada, el ministro del Interior Florencio Randazzo y el jefe de Gabinete Aníbal Ferández esperaron a Mauricio Macri junto a un puñado de referentes sociales, vecinos de la Villa 20 y ocupantes del Indoamericano. De esa reunión Macri se levantó ofuscado, antes de sellar un acuerdo resolutivo del problema habitacional.
Desde el Gobierno Nacional, definieron cercar el parque con la Gendarmería para que no ingresen mas familias a participar de la toma, y para evitar más choques entre grupos armados y los ocupantes del Parque. Mientras, la Prefectura custodia las calles de Lugano.
La intervención del Gobierno Nacional expresa con claridad la escasa vocación política del Gobierno de la Ciudad. Es de manual, que cuando se suscita un conflicto de intereses es necesaria la negociación política, y hasta la confrontación (política); pero cuando se desecha la legitimidad política del otro, el conflicto se resuelve a través de la guerra.
Aún con la intervención del Gobierno Nacional, Mauricio Macri insiste en caprichos leguleyos, circunscribe la acción política al derecho que tienen los vecinos de Lugano a tener un parque recreativo, pero olvida que otros vecinos de la zona tienen derecho a una vivienda digna. Los derechos de uno no terminan donde empiezan los del otro. Se superponen, se rozan, a veces se abrazan, para eso es la política. El derecho, la ley, no es estanca, corre detrás de las fuerzas sociales.
Macri se queja porque la Policía Federal se retiró, e interpreta que si las fuerzas de seguridad nacionales hubieran intervenido antes, se habrían evitado mas muertes; pero también olvida que si él hubiera hecho valer el poder político que le depositó la ciudadanía porteña, podría haber negociado para que los ocupas se retiren del parque; obtengan un lugar para subsistir, y los otros vecinos de Lugano tengan donde arrojar sus escombros y tomar sol. La toma del predio no es una calentura del momento, no son dos conocidos que se envalentonan y se van a las manos. Por tanto, no alcanza con separarlos, es primordial atender las necesidades de las partes para resolver el conflicto. Que la gestión PRO lleve adelante un plan de viviendas populares es como pedirle a Fredo un helado de pollo, pero la emergencia social, la preservación de la vida, debe ser atendida por cualquier fuerza política sin importar su plan de gobierno y la postura ideológica.
Por estas horas el Estado Nacional a través de la Gendarmería retomó el control del lugar, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires parece minusválido, a pesar de que tiene el mayor presupuesto por habitante del país.
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