miércoles, 15 de febrero de 2012

Un conflicto en la Secretaría de Derechos Humanos enfrenta a sciolistas y kirchneristas


Scioli y Mariotto volvieron a mostrar sus diferencias esta semana a raíz de una nueva crisis que se desató en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que amenaza con terminar con la gestión de Sara Cobacho y Fernando Cano.

La crisis que atraviesa la Secretaría de derechos Humanos bonaerense volvió a poner en evidencia los distintos repertorios que tienen Scioli y Mariotto para resolver los conflictos. El viernes a la tarde, seis patovicas ingresaron al sexto piso de la secretaría de derechos humanos bonaerense, en la ciudad de La Plata, y golpearon a las trompadas a un grupo de empleados de esa dependencia. Los patovicas involucrados en el hecho son amigos de un empleado que ingresó por una recomendación que el subsecretario Fernando Cano le pidió al SUTCAPRA (Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina) para hacer control del personal.

La golpiza que recibieron los empleados de la Secretaría, entre los que se encontraban abogados, delegados gremiales y militantes de organizaciones de derechos humanos, generó una denuncia en la fiscalía, una serie de apariciones públicas de sindicalistas, referentes de las organizaciones de derechos humanos y legisladores provinciales, e incluso la presencia del propio subsecretario Fernando Cano en el edificio donde se produjo el incidente, lo que constituye un hecho asombroso.

En la cuerda floja

Luego de un fin de semana con rumores sobre renuncias, el lunes el Gobernador instruyó al jefe de Gabinete Alberto Pérez para que se reúna con Sara Cobacho; mientras que el subsercretario Fernando Cano convocó a todos sus funcionarios para una reunión de gabinete.

Alberto Pérez le pidió explicaciones sobre lo que ocurrió el viernes en la Secretaria, y le comunicó a Cobacho la precariedad con la que se mantiene al frente de esa repartición estatal. Por su parte, Fernando Cano pidió fidelidad a sus funcionarios, y les aseguró que el apoyo del Gobernador a la actual gestión es “incondicional”. Pero ya a nadie le simpatiza quedar pegado a una gestión cuestionada por todos los organismos de derechos humanos, sin excepción, y con graves denuncias por todo tipo de “desproligidades”, que van desde un robo que sufrió la Secretaría hace dos años atrás, más de una veintena de conflictos sindicales, incontables cambios de gabinete, y peleas constantes entre el subsecretario Cano y funcionarios de otros ministerios, el subsecretario y delegados gremiales, el subsecretario y funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Subsecretario y legisladores provinciales, el Subsecretario y el vicegobernador…

En cambio, el vicegobernador Gabriel Mariotto recibió a los trabajadores golpeados y permitió que se difundan fotografías de la reunión, todo un gesto, que sería insuficiente si no fuera porque en la reunión, aseguró que otra situación de esas características acabaría con la actual gestión.

Los organismos piden la renuncia

La Asociación Anahí, a la que pertenece la abuela de plaza de mayo Chicha Marianni, difundió este fin de semana un comunicado en el que transmite su preocupación por los hechos de violencia ocurridos en la Secretaría, e insta a las autoridades a poner mayor empeño en esclarecer esa situación. Esa asociación, era uno de los pocos organismos cercanos a la Secretaría, pero en diciembre pasado, Juan Martín Ramos Padilla, el biógrafo de Chicha Mariani, renunció a su cargo de director de Igualdad de Oportunidades en medio de una cruel disputa con el subsecretario Fernando Cano.

Semanas atrás, Horacio Verbitsky publicó una columna con conceptos poco amables hacia la gestión del ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal, y responsabilizó también a Sara Cobacho por su pasividad ante las violaciones de derechos humanos desplegadas desde la policía bonaerense. El Jefe de Gabinete Alberto Pérez acusó a Verbitsty de “colaboracionista” y defendió a “Cobacho”, a quien se refirió como una Madre de Plaza de Mayo. Pero entonces fue Hebe de Bonafini, quien declaró que Cobacho jamás perteneció a esa organización.

Por su parte, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, no hace declaraciones públicas sobre el tema, pero todos saben que su hijo Guido Carlotto, espera ansioso a que suene el teléfono, para ser designado él como Secretario de Derechos Humanos.

Ayer, se conoció otro golpe a la actual gestión. Vino de la agrupación HIJOS, que frente a los hechos de violencia ocurridos el viernes, pidieron la renuncia de Sara Cobacho y Fernando Cano.

Desde el ámbito legislativo, los diputados de Nuevo Encuentro también pidieron la renuncia de Cano y Cobacho, en tanto que el lunes, ATE realizó un paro de actividades y se movilizó por el centro de la ciudad de La Plata.

Renuncias en el gabinete

Otro tema que impacienta a los funcionarios de la Secretaría, deviene de una posible consecución de renuncias. El fin de semana, uno de los asesores que permaneció durante varias gestiones en la Secretaría le anunció al subsecretario su renuncia, y el lunes, dos directores provinciales también transmitieron su voluntad de hacer lo mismo. Si al cabo de la semana, se producen cuatro renuncias, la situación se volvería insostenible.

Declaraciones que cayeron mal


Como ya el martes la situación se había tranquilizado, le sugirieron a Sara Cobacho hacer declaraciones a la prensa. Las hizo al portal infocielo, pero resultaron tan agraviantes que hasta generaron interés. Cobacho aseguró que los empleados de la Secretaría de Derechos Humanos se mofan con ella porque “se les cerraron los kioscos que había en la Secretaría”. Y consultada por la golpiza que recibieron los empleados el viernes, los minimizó y aseguró que “hay un solo golpeado y ya hablé con el chico, que es hijo de desaparecidos”.

Los incidentes alcanzaron un volumen político poco común para una dependencia que tiene un presupuesto apenas superior a los 30 millones de pesos, pero que podría motivar nuevas tensiones entre el gobernador Scioli y el vicegobernador Mariotto.

Publicado en Prensa3m

Give peace a chance

lunes, 13 de febrero de 2012

Chubut, la primera provincia que busca aplicar la “ley anti-terrorista”


El fiscal de Estado Blas Meza Evans quedó en la historia unos días atrás, cuando sugirió la posibilidad de pedir a la Justicia Federal que tipifique un acto de vandalismo contra una fibra óptica de telefónica como “terrorismo”, conforme a las modificaciones al código penal solicitadas por el GAFI y votadas por el Congreso de la Nación. Con todo, la ley no es lo que creyó Meza Evans.

El Fiscal de Estado Blas Meza Evans, parece empeñado en demostrar qué ten lejos esta del “proyecto nacional”. Luego de la interrupción de las comunicaciones que padecieron los ciudadanos de Trelew, Rawson, Gaiman, Dolavon y Puerto Madryn hace diez días atrás, producto de un supuesto atentado contra el tendido de fibra óptica que conecta esa zona de la provincia, el Fiscal de Estado contextualizó esa situación en el marco de los intensos conflictos gremiales y políticos que atraviesa la provincia, y que el Gobernador Buzzi calificó como “excelente clima de negocios”.

Pero Meza Evans fue más lejos, y consideró que los autores de la rotura del tendido de la fibra óptica, deben ser sometidos a la justicia federal, y enmarcó los supuestos delitos como “terroristas”. Esa tipificación fue incluida al Código Penal en diciembre de 2011, y se dio a conocer bajo el título de “ley antiterrorista”. Pero lo cierto, es que esa modificación en el Código Penal fue aprobada en función de las exigencias del GAFI –un organismo internacional contra el lavado de dinero-, para que Argentina pueda pertenecer al G20. Y su redacción está hecha de manera tal que la aplicación resulta prácticamente imposible.

Esa situación, no es producto de desinteligencias o vagancia de los legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, sino precisamente para que los gobiernos provinciales, jueces federales, o gobiernos nacionales de otro signo ideológico no usen esa la mencionada herramienta legal para reprimir la protesta social; a la vez que se cumple con las exigencias del GAFI. Pero Meza Evans no lo entendió, o se hace el desentendido.

La “ley antiterrorista” estipula sustantivos agravamientos de las penas para los que sean condenados bajo esa tipificación, pero el artículos 41 quinquies parece escrito para Meza Evans: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo.
Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.” Es decir, que aunque la rotura de esa fibra óptica, se trate de un delito, sería en el marco de una disputa gremial, lo cual no exime a sus autores de toda responsabilidad, pero de ninguna manera se los puede acusar de “terroristas”.
El texto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación contiene un párrafo que determina con claridad el espíritu de la ley: “…quedan terminantemente excluidos de cualquier posible interpretación criminalizante los hechos de protesta social, toda vez que estos estén dirigidos a reclamar por derechos individuales o colectivos. Y en el supuesto de que pudieran transgredir la ley penal, conforme a la redacción propuesta y en virtud de la tradición normativa y jurisprudencial nacional, no dejarían de constituir el ejercicio de un derecho constitucional”.

Pero como ese texto no estaba incluido en el articulado, los diputados de Nuevo Encuentro propusieron agregar el artículo 41 mencionado en esta nota. Quizás, Meza Evans no tuvo tiempo de leerlo.